Las nuevas
que llegan, como ya viene siendo habitual, no son buenas. Nada buenas. Se trata
de la supresión del partido judicial de Villalpando, un partido histórico que
existe desde que se crearon los partidos judiciales, allá por el siglo XIX.
El último
invento que se les ha ocurrido en el Ministerio de Justicia es el de reducir
los partidos judiciales existentes en España (unos 430) a poco menos de la
mitad. Las razones que se aducen son, entre otras, la optimización de recursos,
la concentración de medios y un supuesto ahorro de costes. Esta supresión de demarcaciones
judiciales es necesaria –dicen- porque el concepto de “partido judicial” es un
algo caduco y obsoleto que no responde ya a las necesidades de la población
española. Y otra vez, nuestros políticos y algunos teóricos –peces gordos- de
la judicatura miran a modelos como el alemán, que concentra en las grandes
ciudades el Servicio Público de la Administración de Justicia.
Puede que la cuestión
de suprimir partidos judiciales para concentrarlos en las capitales de
provincia sea una idea muy brillante para defender en una tesis doctoral, pero eso,
llevado a la práctica, es algo que no deja de ser un agravio al mundo rural,
una bofetada, una discriminación hacia todos aquellos que cometieron el pecado de
vivir en un pueblo. Y además, resulta que nosotros no somos alemanes. Ni
tenemos los sueldos ni los servicios públicos de los alemanes.
Y yo me
pregunto: ¿No tenemos derecho a los mismos servicios que aquellos que viven en
la ciudad? ¿Nuestros impuestos no son los mismos que en el mundo urbano? ¿O es
que resulta que hay dos clases de ciudadanos y a los de los pueblos no ha
tocado militar en la segunda división? Dentro de poco nos dirán que, para
optimizar recursos, hay que concentrar todos los colegios en las capitales de
provincia y se llevarán a nuestros hijos en autobuses a las cinco de la mañana.
O, incluso, concentrarán los centros médicos y cuando necesitemos un simple jarabe
para la tos tendremos que desplazarnos y sacar un ticket, como en una
pescadería, para que nos atiendan en el macro hospital de la ciudad. Y luego
quieren “fijar población” en los núcleos rurales… ¿Pero cómo se va a quedar la
gente a vivir en el pueblo si no le dan servicios? La Administración de
Justicia es uno de esos servicios públicos esenciales que no deben faltar en
cualquier zona, incluida la nuestra, por muy rural que sea. Y que no me cuenten
chorradas: que si la “optimización de recursos”, que si el “modelo alemán…” Mire usted, yo prefiero
el “modelo finlandés” que juzga y mete en la cárcel a los políticos que se equivocan.
No hace ni
cuatro años que el Ministerio de Justicia invirtió una cantidad de dinero irreverente
en el edificio del Juzgado de Villalpando. Tan irreverente que no me acuerdo
cuántos cientos de millones (de pesetas) fueron los que se gastaron. Y vuelvo a
preguntarme: ¿para qué lo hicieron si lo querían suprimir? ¿Hace tres años y medio respondía a una necesidad social y ahora ya no?
Si esta
reforma se llevara a cabo no tardarían en caer otros servicios que tiene Villalpando
y su comarca: la Notaría, el Registro de la Propiedad… Muchos puestos de
trabajo. En muy poco tiempo veríamos cómo quedamos reducidos a la nada
existencial, al rango de villorrio decadente en el que ese ambiente capitalino
del que Villalpando goza todavía muchos diarios, cuando su plaza se anima al
cruzarla testigos, partes, abogados, procuradores, funcionarios… tras los
juicios, ese ambiente, digo, quedaría sólo en la memoria de los que pensamos que
vivir en un pueblo como éste era posible. Y la verdad es que me indigna.
Varo.
P.D.: Todo lo dicho anteriormente valdría para Benavente y Toro, a quienes también quieren borrar del mapa.
